Directiva whistleblowing en España: Ley 2/2023.
La Directiva UE 2019/1937 sobre protección de denunciantes se transpuso en España mediante la Ley 2/2023. Esta página explica qué obliga la ley, a quién aplica, qué plazos hay y qué sanciones por incumplimiento.
Transposición
Cómo se transpuso la Directiva UE 2019/1937 en España.
España transpuso la Directiva UE 2019/1937 mediante la Ley 2/2023, de 21 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo de 2023, derogando parcialmente la Ley 11/2016 (que solo aplicaba a sectores específicos). La nueva ley amplía la protección a todos los sectores privados y públicos, refuerza las garantías del informante y endurece las sanciones.
Preguntas frecuentes
Directiva whistleblowing en España: preguntas frecuentes.
¿Qué es la Directiva UE 2019/1937?+
La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, es la ley europea que protege a las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. Establece normas mínimas comunes para los canales de denuncia, plazos de respuesta y protección contra represalias.
¿Cómo se aplica la Directiva UE en España?+
En España, la Directiva UE se aplica mediante la Ley 2/2023, de 21 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La ley entró en vigor el 13 de marzo de 2023 y es aplicable a empresas privadas con 50 o más empleados y a todo el sector público.
¿Qué empresas están obligadas a tener un canal de denuncias en España?+
La Ley 2/2023 obliga a empresas privadas con 50 o más empleados, entidades públicas y empresas que operen en sectores regulados (servicios financieros, salud, energía, transporte, etc.) a tener un canal de denuncias interno o externalizado.
¿Cuáles son los plazos del canal de denuncias?+
La ley establece dos plazos vinculantes: (1) acusar recibo de la denuncia al informante en 7 días naturales, y (2) responder sobre el seguimiento en 3 meses (ampliable a 6 meses en casos complejos). El incumplimiento puede ser sancionado.
¿Qué sanciones hay por no cumplir la Directiva en España?+
La Ley 2/2023 prevé sanciones de 1.001 € a 1.000.000 € para empresas que no tengan un canal conforme o que permitan represalias. Para empresas muy grandes las sanciones pueden alcanzar varios millones. El daño reputacional asociado suele superar el coste económico directo.
¿La Directiva UE 2019/1937 protege solo a empleados?+
No. La protección se extiende a empleados, autónomos, contratistas, subcontratistas, proveedores, accionistas y cualquier persona que obtenga información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. La Ley 2/2023 española incluye expresamente a voluntarios, becarios y exempleados que hayan tenido relación laboral en los últimos dos años.
¿Puede el informante mantenerse anónimo según la Directiva UE?+
Sí. La Directiva UE establece que las denuncias pueden ser anónimas. España, mediante la Ley 2/2023, garantiza la confidencialidad de la identidad del informante y prohíbe expresamente cualquier represalia contra informantes anónimos.
¿Dónde puedo encontrar más información oficial sobre la Directiva?+
Puedes consultar la Directiva UE 2019/1937 en EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), y la Ley 2/2023 en el BOE (boe.es). La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) es la autoridad nacional competente en España para supervisar el cumplimiento.
Implementa la Directiva en España con Ashio.
Canal conforme con la Ley 2/2023 y la Directiva UE 2019/1937. Anónimo, seguro y self-service. 14 días gratis, sin tarjeta de crédito.