Sistema Interno de Información
Toda entidad obligada debe implantar un Sistema Interno de Información que permita recibir denuncias por escrito, verbalmente o de forma presencial, garantizando la confidencialidad del informante.

España transpone la Directiva UE 2019/1937 a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Conoce tus obligaciones y cómo cumplirlas con un canal de denuncias seguro y confidencial.
Visión general
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, es la transposición española de la Directiva UE 2019/1937. Entró en vigor el 13 de marzo de 2023 y establece la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información (canal de denuncias) para todas las empresas con 50 o más trabajadores, así como para todas las entidades del sector público. La ley también crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) como organismo supervisor.
Ámbito
La Ley 2/2023 aplica a todas las empresas del sector privado con 50 o más trabajadores, a todas las entidades del sector público (administraciones, universidades, sociedades y fundaciones públicas), y a los municipios de más de 10.000 habitantes. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales también deben cumplir si reciben financiación pública.
Obligaciones
Toda entidad obligada debe implantar un Sistema Interno de Información que permita recibir denuncias por escrito, verbalmente o de forma presencial, garantizando la confidencialidad del informante.
Debe designarse un responsable del Sistema Interno de Información, que actuará con independencia y autonomía. Puede ser una persona física, un órgano colegiado o un tercero externo.
El informante debe recibir un acuse de recibo de su denuncia en un plazo máximo de 7 días naturales desde su recepción.
Las actuaciones de investigación deben finalizarse en un plazo máximo de 3 meses desde el acuse de recibo, salvo casos de especial complejidad que requieran ampliación.
La ley prohíbe expresamente cualquier acto de represalia contra el informante, incluyendo despido, sanción, modificación sustancial de condiciones o acoso. La protección se extiende a facilitadores, familiares y compañeros.
La ley permite y fomenta las denuncias anónimas. Los datos personales se conservarán únicamente el tiempo necesario, con un máximo de 10 años, conforme al RGPD y la LOPDGDD.
Calendario
13 de marzo de 2023: entrada en vigor de la Ley 2/2023. 13 de junio de 2023: fecha límite para empresas de 250+ trabajadores y entidades del sector público. 1 de diciembre de 2023: fecha límite para empresas de 50 a 249 trabajadores y municipios de más de 10.000 habitantes.
Especificidades
España ha ido más allá de los requisitos mínimos de la Directiva UE en varios aspectos. Estas son las principales especificidades de la ley española.
La ley crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), un organismo público que recibe denuncias externas y puede imponer sanciones de hasta 1 millón de euros.
La protección no solo cubre al informante, sino también a facilitadores, compañeros de trabajo, familiares y personas jurídicas vinculadas al informante.
La ley establece un régimen de sanciones que incluye multas de hasta 1 millón de euros para personas jurídicas y la prohibición de contratar con el sector público.
Varias comunidades autónomas (como Cataluña con su Oficina Antifraude) disponen de autoridades propias de protección del informante, que conviven con la autoridad estatal.
Tu solución
Ashio está diseñado para funcionar como un Sistema Interno de Información plenamente conforme a la Ley 2/2023, con todas las garantías exigidas por la A.A.I. y el RGPD.
Sin recopilación de IP, cookies ni huella digital. La identidad del informante está protegida por defecto, cumpliendo y superando las exigencias legales.
El informante recibe confirmación automática al enviar la denuncia. Cumples el plazo legal sin intervención manual.
El panel te alerta sobre las denuncias que se acercan al límite de 3 meses. Sin riesgo de incumplimiento de plazos.
Cada acción queda registrada con marca de tiempo en un libro-registro infalsificable, conforme a las exigencias de trazabilidad de la ley.
Todos los datos se alojan en centros de datos certificados ISO 27001 en Suiza, cumpliendo con el RGPD y los requisitos de seguridad de la ley española.
FAQ
Las empresas del sector privado con 50 o más trabajadores deben cumplir. Las de 250+ trabajadores debían tener su sistema implantado antes del 13 de junio de 2023; las de 50 a 249, antes del 1 de diciembre de 2023. El sector público debe cumplir en su totalidad. Los municipios de menos de 10.000 habitantes pueden compartir recursos.
Sí. La ley permite expresamente que la gestión del Sistema Interno de Información sea externalizada a un tercero externo. Ashio está diseñado para servir exactamente como ese tercero independiente y neutral.
La A.A.I. puede imponer multas de hasta 1 millón de euros a personas jurídicas. También puede prohibir la contratación con el sector público. Las personas físicas pueden ser sancionadas con multas de hasta 300.000 euros.
La Ley 2/2023 permite y fomenta expresamente las denuncias anónimas. Aunque no las hace obligatorias, obliga a los sistemas a estar preparados para recibirlas y tramitarlas. Ashio admite tanto denuncias confidenciales como totalmente anónimas.
La A.A.I. es el organismo público creado por la Ley 2/2023 para supervisar el cumplimiento, gestionar el canal externo de denuncias y ejercer la potestad sancionadora. Es independiente del Gobierno y rinde cuentas ante las Cortes Generales.
Con Ashio, tu Sistema Interno de Información puede estar operativo en menos de 10 minutos. Solo tienes que registrarte, nombrar tu organización, personalizar tu formulario y designar a tu responsable del sistema en los ajustes.
Activa tu Sistema Interno de Información conforme a la Ley 2/2023 en minutos. Denuncias anónimas, acuse de recibo en 7 días y registro de actividad — todo incluido.
Este contenido se ofrece con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento jurídico. Para cuestiones relativas a tus obligaciones legales, consulta con un abogado especializado en derecho laboral o compliance.